En ZEAL prestamos asesoramiento jurídico especializado en la intersección entre la actividad empresarial y la Administración pública, tanto desde la perspectiva de entes y organismos del sector público como desde la de operadores privados que se relacionan con ellos. Intervenimos en procedimientos de contratación pública, defensa de bienes y derechos públicos, y en la impugnación de actos administrativos ante la propia Administración y ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Redacción de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la licitación de contratos del sector público, velando por su adecuación a la normativa aplicable y por una correcta estructuración jurídica del objeto, criterios de adjudicación, ejecución y extinción del contrato.
- Asesoramiento jurídico a Administraciones y entes del sector público en el diseño, tramitación y desarrollo de procedimientos de contratación, desde la fase preparatoria hasta la adjudicación y formalización del contrato.
- Asesoramiento jurídico a licitadores privados en la preparación de ofertas y documentación de licitación, así como durante el desarrollo completo del procedimiento administrativo, incluida la formulación de aclaraciones, subsanaciones y, en su caso, recursos especiales en materia de contratación.
- Asesoramiento en materia de bienes de titularidad pública y de dominio público, incluyendo aguas, minas, costas, puertos, montes, infraestructuras y demás bienes afectos al uso o servicio público.
- Intervención en procedimientos relativos a dominio público y bienes patrimoniales de las Administraciones públicas, tales como concesiones, autorizaciones, licencias, ocupaciones, deslindes, recuperaciones posesoria y otros expedientes conexos.
- Interposición y tramitación de recursos administrativos, tanto ordinarios (alzada, reposición, etc.) como especiales, frente a actos y disposiciones de las Administraciones públicas, en defensa de los intereses de nuestros clientes.
- Dirección letrada en recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados y Tribunales competentes, así como ante otras jurisdicciones cuando resulte procedente, impugnando o defendiendo actos administrativos, sanciones, resoluciones contractuales y demás decisiones de la Administración.